La Comisión Europea limitará el poder económico de los colegios profesionales. En el caso de Canarias serán 64 las organizaciones colegiales, que verán mermados sus ingresos cuando entre en vigor la denominada Directiva de Servicios. La UE entiende que las imposiciones de los colegios profesionales son obstáculos para el desarrollo de la profesión.

Así, la norma mermará los ingresos de los colegios, ya que para facilitar el acceso a la profesión se obligará a eliminar la cuota de colegiación, además de justificar los pagos a los colegios.

La obligatoriedad de colegiación, el pago de un visado para edificar, la orientación de los precios, la limitación de la publicidad o los trámites de ingreso para extranjeros que quieran establecerse en el país recortan la fluidez de la prestación de los servicios y la libre competencia, según Bruselas. A modo de ejemplo, el Colegio de Procuradores de Las Palmas cobra 6.000 euros por darse de alta, una cuota desmedida sólo para eso. En el supuesto de un abogado, éste paga unos 400 euros al año por ejercer. Son cuotas demasiado elevadas a juicio de Bruselas.

Esta norma intenta crear un marco jurídico para garantizar la libertad de establecimiento y prestación de servicios en la UE. Para el caso de los arquitectos o ingenieros, la disposición comunitaria establece que ya no habrá que pagar por extender un visado de obra como sucede hasta ahora. Para adaptar la Directiva a España, el Gobierno ha creado la Ley ómnibus o más conocida como ley paraguas, que entrará en vigor el próximo 28 de diciembre. "No se trata de ninguna inocentada para los colegios", explica Roberto Orive, abogado, "si no que va a significar la modificación de hasta 47 leyes y decretos legislativos y entre otras, la Ley de Colegios Profesionales y la de Sociedades Profesionales".

Ademas, la ley ómnibus recoge que la función de los colegios profesionales debe ser de interés público, y deben convertirse en autoridades más competentes, capacitadas para velar por los consumidores y ser valedores del control de la profesión. A juicio de Bruselas, el problema es que muchos de los colegios no se han preocupado de ello y el único interés por el que han velado es el de sus ingresos y de sus miembros.

Este texto será el índice para las nuevas legislaciones estatales. Una vez el texto entre en vigor, el Ejecutivo se da un plazo de cuatro meses para el caso de las obras, para redactar un real decreto por el que se establecerá el carácter de los visados: si deben ser obligatorios o voluntarios. Doce meses después, el Gobierno hará lo mismo, mediante un proyecto de ley, para condicionar la obligatoriedad de la colegiación.