Recorte de prensa publicado por
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La cuantía, equivalente a más de catorce mil millones de
pesetas, es «estimada como importe del déficit patrimonial derivado de
la operativa de distracción dineraria y de títulos-valores que
desarrollaron, más los intereses legales desde el 14 de junio de 2001,
fecha de la intervención de Gescartera Dinero Agencia de Valores S.A.».
El Tribunal declara también la responsabilidad civil,
como partícipes a título lucrativo, de trece personas más y tres
sociedades mercantiles, mientras absuelve de esta responsabilidad a
cinco personas y una entidad mercantil.
Más de 650 afectados
La sentencia establece el derecho de 655 afectados, que
enumera a continuación, a ser resarcidos en los importes que señala y
que van desde los 17,66 euros a los 9.015.182 euros que deberá percibir
la Mutua de Previsión Social de la Policía (Mupol).
La mayor indemnización la percibirá el Fondo de Garantía
de Inversiones (FOGAIN), que debe cobrar 25.485.473,90 euros,
equivalentes a 4.240 millones de pesetas, que adelantó en 1.858 pagos a
numerosos clientes de Gescartera, tanto cuando era gestora de carteras
como cuando era agencia de valores.
El texto judicial especifica también la indemnización
que debe entregarse a una persona que hizo una inversión en dólares y
concluye diciendo que «respecto a los clientes cuya cartera no haya
sido entregada ni vendida, deberán ser restituidos en ella».
La lista de clientes de Gescartera que deberán ser
indemnizados incluye además de a la Mutua policial, a la Asociación
Pro-Huérfanos de la Guardia Civil y a diversas entidades profesionales,
como el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas y el homónimo
de Topografía.
Las entidades religiosas también representan un buen
número entre las víctimas de la trama y, además del Arzobispado de
Valladolid, que percibirá 130.253 euros, en la lista figuran la
diócesis de Palencia, a la que corresponden 142.447 euros. La
Congregación de Carmelitas de la Caridad (24.040 euros),
Esclavas del
Divino Corazón (244.445) y el Instituto de María Auxiliadora de Sevilla
(280.506) son otras instituciones religiosas perjudicadas por el fraude
de Camacho y sus cómplices. La lista se completa con centenares de
personas a título individual y distintas empresas, como agencias de
viajes, inmobiliarias y constructoras o instituciones de enseñanza como
la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.
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