Archivo de Noticias del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía - Delegación Territorial de Canarias
Recorte de prensa publicado por www.canariasahora.com
El pasado 20 de marzo, el Ministerio Fiscal hacía público y trasladaba a la sala de lo penal que los hechos denunciados por el actual grupo de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva, (CC-PSOE), eran constitutivos de un presunto delito de intrusismo y prevaricación, habida cuenta de que el demandado (González Arroyo) permitió durante su mandato en la Corporación norteña que su ex yerno trabajase en los años comprendidos entre 1998 y 2003 como Ingeniero Técnico en Topografía a pesar de saber que no contaba con la titulación académica.
El fiscal solicitará también una pena de 9 meses de multa con cuota diaria de 20 euros al falso topógrafo, José María Pérez Palma, por un delito de intrusismo.
Fue el actual grupo de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva, formado por Coalición Canaria y Partido Socialista, quienes optaron por el despido del trabajador por “falta de cualificación para el cargo”. Posteriormente, en una vista en el Juzgado de lo Social, dónde Pérez Palma recurrió su despido, el propio González Arroyo reconoció que había contratado a su ex yerno a pesar de conocer que carecía del título de topógrafo.
Esta misma Sala dio la razón en cuanto al despido del topógrafo al Ayuntamiento de La Oliva al considerar que “el contrato era nulo de pleno derecho por carecer el actor de capacidad técnica suficiente para el ejercicio de las funciones para las que se le contrató”.
El presidente del PP en Fuerteventura, Domingo González Arroyo, además de diputado del PP y consejero del Cabildo Insular, es concejal en la oposición del Ayuntamiento de La Oliva y tiene otra causa pendiente por el conocido como caso Charlie que investiga la Sala de lo Penal del TSJC.
En este caso, fue el concejal de Alternativa por Antigua (APA), Francisco Almodóvar -Charlie-, quien en noviembre del pasado año denunció a González Arroyo y a la concejala del PP en Antigua, Ibiza Melián, por un presunto delito de cohecho basándose en la grabación de unas conversaciones en las que presuntamente los dos demandados ofrecían dinero y terrenos a cambio de su apoyo a una moción de censura contra Juan José Cazorla.
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El pasado 20 de marzo, el Ministerio Fiscal hacía público y trasladaba a la sala de lo penal que los hechos denunciados por el actual grupo de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva, (CC-PSOE), eran constitutivos de un presunto delito de intrusismo y prevaricación, habida cuenta de que el demandado (González Arroyo) permitió durante su mandato en la Corporación norteña que su ex yerno trabajase en los años comprendidos entre 1998 y 2003 como Ingeniero Técnico en Topografía a pesar de saber que no contaba con la titulación académica.
El fiscal solicitará también una pena de 9 meses de multa con cuota diaria de 20 euros al falso topógrafo, José María Pérez Palma, por un delito de intrusismo.
Fue el actual grupo de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva, formado por Coalición Canaria y Partido Socialista, quienes optaron por el despido del trabajador por “falta de cualificación para el cargo”. Posteriormente, en una vista en el Juzgado de lo Social, dónde Pérez Palma recurrió su despido, el propio González Arroyo reconoció que había contratado a su ex yerno a pesar de conocer que carecía del título de topógrafo.
Esta misma Sala dio la razón en cuanto al despido del topógrafo al Ayuntamiento de La Oliva al considerar que “el contrato era nulo de pleno derecho por carecer el actor de capacidad técnica suficiente para el ejercicio de las funciones para las que se le contrató”.
El presidente del PP en Fuerteventura, Domingo González Arroyo, además de diputado del PP y consejero del Cabildo Insular, es concejal en la oposición del Ayuntamiento de La Oliva y tiene otra causa pendiente por el conocido como caso Charlie que investiga la Sala de lo Penal del TSJC.
En este caso, fue el concejal de Alternativa por Antigua (APA), Francisco Almodóvar -Charlie-, quien en noviembre del pasado año denunció a González Arroyo y a la concejala del PP en Antigua, Ibiza Melián, por un presunto delito de cohecho basándose en la grabación de unas conversaciones en las que presuntamente los dos demandados ofrecían dinero y terrenos a cambio de su apoyo a una moción de censura contra Juan José Cazorla.
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